El caso de Zelaya: Una Perspectiva Bíblica 2 de 2

Por Sugel Michelén

Primero que todo establezcamos algunos hechos. Por un lado, es un hecho que Zelaya fue elegido presidente en elecciones libres a finales del 2005 (aunque, como suele ocurrir en algunos de nuestros países latinoamericanos, su victoria solo pudo ser proclamada después de un proceso traumático poco más de un mes después).

Por otro lado, también es un hecho que luego de su elección, el presidente Zelaya quiso llevar su gobierno por un rumbo de centro izquierda que trajo no poca inquietud en casi todos los sectores de la sociedad hondureña. A finales del 2007, Zelaya manifestó su intención de ser parte del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas), una coalición compuesta por gobiernos latinoamericanos con tendencias socialistas.

También es un hecho que, en la percepción de muchos hondureños, lo ocurrido el pasado 28 de Junio no fue un golpe de estado, sino un retorno a la constitucionalidad luego de que Zelaya intentara colocarse por encima del poder legislativo y del poder judicial.

El asunto llegó a su punto álgido cuando el presidente se propuso llevar a cabo una consulta popular para ver si los hondureños estaban de acuerdo en colocar una cuarta urna en las elecciones generales que se llevarán a cabo en Noviembre, para aprobar un referéndum de reforma a la constitución y así, según sus adversarios, poder reelegirse para otro período presidencial (algo que está tajantemente prohibido en la Constitución actual).

El 23 de Junio el congreso aprobó una ley contra la celebración de esa consulta; Zelaya decidió continuar adelante a pesar de todo y ordenó que las boletas de votación fueran distribuidas. El Jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez Velásquez, se negó a acatar la orden presidencial alegando que había recibido una contraorden del Tribunal Supremo. Al día siguiente Zelaya anunció su destitución en un discurso televisado, pero el 25 de Junio la Corte Suprema anuló la destitución del general Vásquez; Zelaya declaró entonces que en realidad no lo había destituido, sino que solo había anunciado su futura destitución.

El día antes de que se celebrara la consulta promovida por Zelaya, 27 de Junio, el Congreso designó una comisión para investigar al presidente, a quien acusaban de haber violado la constitución y de estar mentalmente incapacitado. Ese mismo día el Tribunal Electoral, junto a la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso declararon ilegal la consulta.

El resto ya lo sabemos: Zelaya fue arrestado por las fuerzas armadas y sacado del país hacia Costa Rica la madrugada del 28 de Junio, el mismo día en que estaba supuesto a llevarse a cabo la consulta popular sobre el futuro referéndum. Horas más tarde, en sesión del Congreso Nacional se leyó una carta de renuncia, supuestamente escrita por Zelaya, la cual fue aceptada; desde Costa Rica Zelaya negó haberla escrito.

Según la Constitución hondureña, en ausencia del presidente, el presidente del Congreso Nacional debe asumir provisionalmente las funciones del Jefe de Estado, puesto que recayó en Roberto Micheletti, presidente del Congreso en el momento del arresto, y ahora presidente de facto de Honduras. Micheletti prometió celebrar las elecciones pautadas para el 29 de Noviembre y declaró que abandonará el cargo el 27 de Enero del 2010 cuando el próximo presidente asuma sus funciones.

Sin embargo, a pesar de eso y de todos los intentos del actual gobierno para demostrar que lo sucedido no fue un golpe de Estado militar, sino “un proceso de transición absolutamente legal”, la acción ha recibido un amplio repudio internacional. El mismo día del arresto de Zelaya, la OEA emitió una resolución unánime (con la abstención de Honduras, por supuesto) en la que condenan “enérgicamente el golpe de estado” ocurrido en la nación hondureña. Hasta ahora ninguna nación soberana ha reconocido la presidencia de Micheletti.

La situación no es sencilla y, por lo tanto, la solución no puede ser simplista. Por un lado, Zelaya tiene mucho que explicar a los hondureños, muchos de los cuales consideran sus acciones como un atentado contra los poderes del Estado.

Por otro lado, el actual gobierno de Honduras tiene que convencer a la comunidad internacional de que lo sucedido en la madrugada del 28 de Junio no fue un golpe de Estado, y de que ellos mismos no violaron la Constitución que dicen defender al arrestar al presidente y enviarlo al exilio sin haber llevado a cabo un proceso en su contra (la Constitución de Honduras declara que “Ningún hondureño podrá ser repatriado ni entregado a un Estado extranjero”). Un gobierno de Zelaya no podrá ser viable mientras dentro de su propia nación muchos lo perciban como un peligro al orden constitucional. Pero también está por verse hasta donde puede mantenerse el gobierno actual con la opinión internacional en contra.

Quiera Dios que en el futuro cercano, y sin derramamiento de sangre, la nación hondureña pueda encontrar una solución claramente constitucional al presente estado de cosas; y que en nuestros países latinoamericanos gobernantes y gobernados se miren en ese espejo para no cometer los mismos errores, pues de lo contrario, es probable que dentro de poco otros casos se sumen al de Honduras trayendo más inestabilidad política y social a la región.

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