El caso de Zelaya: Una Perspectiva Bíblica 2 de 2

Por Sugel Michelén

Primero que todo establezcamos algunos hechos. Por un lado, es un hecho que Zelaya fue elegido presidente en elecciones libres a finales del 2005 (aunque, como suele ocurrir en algunos de nuestros países latinoamericanos, su victoria solo pudo ser proclamada después de un proceso traumático poco más de un mes después).

Por otro lado, también es un hecho que luego de su elección, el presidente Zelaya quiso llevar su gobierno por un rumbo de centro izquierda que trajo no poca inquietud en casi todos los sectores de la sociedad hondureña. A finales del 2007, Zelaya manifestó su intención de ser parte del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas), una coalición compuesta por gobiernos latinoamericanos con tendencias socialistas.

También es un hecho que, en la percepción de muchos hondureños, lo ocurrido el pasado 28 de Junio no fue un golpe de estado, sino un retorno a la constitucionalidad luego de que Zelaya intentara colocarse por encima del poder legislativo y del poder judicial.

El asunto llegó a su punto álgido cuando el presidente se propuso llevar a cabo una consulta popular para ver si los hondureños estaban de acuerdo en colocar una cuarta urna en las elecciones generales que se llevarán a cabo en Noviembre, para aprobar un referéndum de reforma a la constitución y así, según sus adversarios, poder reelegirse para otro período presidencial (algo que está tajantemente prohibido en la Constitución actual).

El 23 de Junio el congreso aprobó una ley contra la celebración de esa consulta; Zelaya decidió continuar adelante a pesar de todo y ordenó que las boletas de votación fueran distribuidas. El Jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez Velásquez, se negó a acatar la orden presidencial alegando que había recibido una contraorden del Tribunal Supremo. Al día siguiente Zelaya anunció su destitución en un discurso televisado, pero el 25 de Junio la Corte Suprema anuló la destitución del general Vásquez; Zelaya declaró entonces que en realidad no lo había destituido, sino que solo había anunciado su futura destitución.

El día antes de que se celebrara la consulta promovida por Zelaya, 27 de Junio, el Congreso designó una comisión para investigar al presidente, a quien acusaban de haber violado la constitución y de estar mentalmente incapacitado. Ese mismo día el Tribunal Electoral, junto a la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso declararon ilegal la consulta.

El resto ya lo sabemos: Zelaya fue arrestado por las fuerzas armadas y sacado del país hacia Costa Rica la madrugada del 28 de Junio, el mismo día en que estaba supuesto a llevarse a cabo la consulta popular sobre el futuro referéndum. Horas más tarde, en sesión del Congreso Nacional se leyó una carta de renuncia, supuestamente escrita por Zelaya, la cual fue aceptada; desde Costa Rica Zelaya negó haberla escrito.

Según la Constitución hondureña, en ausencia del presidente, el presidente del Congreso Nacional debe asumir provisionalmente las funciones del Jefe de Estado, puesto que recayó en Roberto Micheletti, presidente del Congreso en el momento del arresto, y ahora presidente de facto de Honduras. Micheletti prometió celebrar las elecciones pautadas para el 29 de Noviembre y declaró que abandonará el cargo el 27 de Enero del 2010 cuando el próximo presidente asuma sus funciones.

Sin embargo, a pesar de eso y de todos los intentos del actual gobierno para demostrar que lo sucedido no fue un golpe de Estado militar, sino “un proceso de transición absolutamente legal”, la acción ha recibido un amplio repudio internacional. El mismo día del arresto de Zelaya, la OEA emitió una resolución unánime (con la abstención de Honduras, por supuesto) en la que condenan “enérgicamente el golpe de estado” ocurrido en la nación hondureña. Hasta ahora ninguna nación soberana ha reconocido la presidencia de Micheletti.

La situación no es sencilla y, por lo tanto, la solución no puede ser simplista. Por un lado, Zelaya tiene mucho que explicar a los hondureños, muchos de los cuales consideran sus acciones como un atentado contra los poderes del Estado.

Por otro lado, el actual gobierno de Honduras tiene que convencer a la comunidad internacional de que lo sucedido en la madrugada del 28 de Junio no fue un golpe de Estado, y de que ellos mismos no violaron la Constitución que dicen defender al arrestar al presidente y enviarlo al exilio sin haber llevado a cabo un proceso en su contra (la Constitución de Honduras declara que “Ningún hondureño podrá ser repatriado ni entregado a un Estado extranjero”). Un gobierno de Zelaya no podrá ser viable mientras dentro de su propia nación muchos lo perciban como un peligro al orden constitucional. Pero también está por verse hasta donde puede mantenerse el gobierno actual con la opinión internacional en contra.

Quiera Dios que en el futuro cercano, y sin derramamiento de sangre, la nación hondureña pueda encontrar una solución claramente constitucional al presente estado de cosas; y que en nuestros países latinoamericanos gobernantes y gobernados se miren en ese espejo para no cometer los mismos errores, pues de lo contrario, es probable que dentro de poco otros casos se sumen al de Honduras trayendo más inestabilidad política y social a la región.

© Por Sugel Michelén. Todo pensamiento cautivo. Usted puede reproducir y distribuir este material, siempre que sea sin fines de lucro, sin alterar su contenido y reconociendo su autor y procedencia.
Leer más...

El caso de Zelaya: Una Perspectiva Bíblica 1 de 2

Por Sugel Michelén

El caso del presidente de Honduras Manuel Zelaya, arrestado y enviado al exilio el pasado 28 de Junio, ha puesto en una situación difícil a toda la nación hondureña en general y a los creyentes en particular. ¿Deben los cristianos apoyar al presidente depuesto, elegido por el voto popular a finales del 2005, o al presidente de facto Roberto Micheletti? ¿Cuáles principios bíblicos pueden servirnos de guía en el presente caso?

Aunque la Biblia no es un tratado de filosofía política, aún así en ella encontramos el marco de referencia que necesitamos como cristianos para abordar cualquier tema que sea relevante para nuestra vida aquí y ahora, incluyendo la actual situación que se vive en Honduras. He aquí dos principios que debemos tomar en cuenta.

El primero es que Dios es la fuente y fundamento de toda autoridad humana legítima.

La Biblia enseña claramente que nuestro Dios posee autoridad absoluta sobre todos los seres y cosas, y que Él es el fundamento que sustenta todas las esferas legítimas de autoridad que hay en el mundo. Todos los gobernantes de las naciones están bajo Su autoridad y derivan de Él la autoridad que poseen, aunque ellos no lo reconozcan así.

Esa es la enseñanza de Pablo en el capítulo 13 de su carta a los Romanos: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste” (Romanos 13:1-2).

Es basado en esa realidad que el Señor Jesucristo dice a Pilato, en Juan 19:11: “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba”. A pesar de que Pilato era un pagano, en última instancia, su autoridad no se derivaba del César, sino de Dios mismo.

De esto podemos inferir que los gobernantes de las naciones no poseen un poder absoluto, porque su autoridad es delegada, supeditada a la autoridad de Dios.

Uno de los reyes más poderosos de la antigüedad fue Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia; pero cuando este rey comenzó a ser dominado por su soberbia, Daniel tuvo que recordarle que el Dios del cielo le había dado “reino, poder, fuerza y majestad” (Daniel 2:37).

También podemos inferir de esta enseñanza que los gobernantes de la tierra son responsables ante Dios en el ejercicio de su autoridad. Pablo se refiere a los magistrados en Romanos 13:4 como “servidores de Dios”. Y en el versículo 6 se señala a los cobradores de impuestos como “ministros de Dios”. Algún día todos ellos tendrán que responder ante Él por la mayordomía que se les confió.

Lo segundo que debemos tomar en cuenta es que Dios ha provisto los gobiernos humanos en Su gracia común para el buen funcionamiento de los pueblos.

Cuando hablamos de gracia común nos referimos a los favores que Él en Su bondad derrama sobre este mundo caído para beneficio de todos los hombres, independientemente de si son creyentes o no. Esa gracia común opera en el hombre no regenerado de dos maneras: restringiendo el pecado en ellos y capacitándolos para hacer obras que son externamente buenas y beneficiosas.

Santiago nos dice en su carta que “toda buena dádiva y todo don perfecto” proceden de Dios (Santiago 1:17). Y en Isaías 54:16 dice el Señor: “He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra”. He ahí la gracia común en operación. No alcanza a los hombres para salvación (eso es lo que hace la gracia especial de Dios), pero sí los alcanza para hacerles mucho bien temporal.

Y los gobiernos humanos son una provisión de esa gracia común de Dios como un medio indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad humana, al llevar a cabo, idealmente, cuatro funciones básicas.

En primer lugar, el estado debe proteger a los ciudadanos contra todo aquello que impida o perjudique sus legítimos intereses. “Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, dice Pablo en Romanos 13:3, sino al malo”. Y luego señala que no es en vano que lleva la espada (vers. 4 – poder para castigar físicamente al malhechor, y aún condenarlo a la pena capital si fuere necesario).

A raíz de la caída el hombre se convirtió en un ser egoísta que hará todo lo posible por hacer prevalecer su voluntad y procurar sus intereses personales, aún a costa del bienestar ajeno si es necesario; a menos que sea frenado por un poder legítimo, y eso es lo que las autoridades civiles están llamadas a hacer (compare Génesis 9:6; Jueces 21:25; Salmos 72:12-14; Daniel 4:27).

Por eso es tan importante que la justicia sea administrada con equidad y que se mantenga la división de poderes en el estado, porque el poder corrompe y son hombres caídos los que están en esos puestos. Si los poderes funcionan de manera independiente, y todos los que ostentan cargos públicos saben que son plausibles de recibir el peso de la ley si abusan de su posición, hay más garantía para asegurar justicia para todos y el buen orden social.

En segundo lugar, el estado debe proveer de libertad a los gobernados para realizar las funciones que les son propias en el ámbito de sus propias esferas. Como hemos dicho ya, la autoridad del estado no debe ser absoluta. Existen otras esferas básicas de autoridad creadas por Dios para el buen funcionamiento de la raza humana, como es el caso del hogar y la Iglesia.

Cada una de esas esferas tiene sus propias responsabilidades y sus autoridades correspondientes, y cada una de ellas tiene una forma distinta de ejercer su autoridad. Cuando estos límites son traspasados el resultado siempre es desastroso, sobre todo para los intereses del reino de Dios.

En tercer lugar, el estado debe promover el bienestar material de sus ciudadanos. Eso no significa que el estado está llamado a alimentar y vestir al pueblo (excepto en caso de una emergencia nacional).

El paternalismo estatal es una maldición, no una bendición; Dios ha provisto otros mecanismos para que los hombres procuren su sustento. Peo el estado está llamado a promover las condiciones necesarias para que los individuos puedan conseguir su sustento y el de los suyos en una forma honrada y digna.

Si todo el mundo pagara sus impuestos, si las reglas de juego fueran las mismas para todos, probablemente el beneficio de la actividad comercial alcanzaría a un mayor número de personas, fortaleciendo así la economía individual y colectiva. Pero en un país donde impera la corrupción se está castigando al justo y premiando al tramposo.

Y en cuarto lugar, el estado debe garantizar los intereses espirituales de los gobernados. Y aquí incluimos: la libertad de expresión y la libertad de culto; en pocas palabras: libertad de conciencia, por cuanto Dios es su único dueño legítimo.

He ahí, en sentido general, el papel que corresponde al estado y sus poderes en la gracia común de Dios. Con esto en mente, ahora podemos tratar de analizar la situación específica que se vive en Honduras en este momento.

Continuará…

© Por Sugel Michelén. Todo pensamiento cautivo. Usted puede reproducir y distribuir este material, siempre que sea sin fines de lucro, sin alterar su contenido y reconociendo su autor y procedencia.
Leer más...